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Venezuela lleva paralizada seis años con una deuda de $160 mil millones y sin créditos internacionales
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- Francisco Olivares
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Ya van seis años en que el país se encuentra en default por impago de su deuda la cual alcanzará para el año 2024 la cantidad de 200 mil millones de dólares de no producirse cambios políticos y económicos que permitan ir a un proceso de reestructuración. Un estudio auspiciado por la organización civil Cedice Libertad, con varios expertos, ofrece puntos claves para superar el estancamiento económico.
Uno de los factores más importantes que han obligado al gobierno de Nicolás Maduro a retomar una vía de negociaciones con Estados Unidos y la oposición es la paralización económica que padece el país, consecuencia de sus políticas aplicadas de control económico, institucional y la corrupción extendida en todos los niveles entre otros factores que han llevado una pobreza de 80% de su población y una situación en puertas de alta conflictividad por reivindicaciones económicas.
Otro aspecto clave han sido las sanciones internacionales, especialmente de parte de Estados Unidos, como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos, y las alianzas con modelos autocráticos y grupos terroristas que operan internacionalmente.
Uno de los elementos que más han incidido en la paralización económica internacional ha sido la gran deuda que se generó en el país, lo cual es un punto clave a la hora de buscar una recuperación y una reconstrucción de la economía venezolana.
El estudio promovido por la organización civil Cedice Libertad, sobre la deuda soberana, y cómo puede generarse una restructuración en los próximos años, considera fundamental un cambio en la orientación política del país, que ofrezca confianza y transparencia a los acreedores internacionales, a los organismos de intermediación, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y especialmente al gobierno de Estados Unidos, dado que bajo sus leyes se procesan las más importantes demandas judiciales por los poseedores de bonos de la República de Venezuela, que es la más importante.
En el estudio “Proceso de reestructuración de la deuda soberana” participaron los especialistas en esa materia: Andrés Carrasquero Stolk, Ramón Escovar Alvarado, Mariana Campos Villalba y Víctor Freitas Caruso.
¿Dónde nos encontramos?
El escenario actual en el que se encuentra el país, para enfrentar un proceso de reestructuración, según explica uno de los especialistas sobre el estudio de la deuda, Ramón Escovar Alvarado, profesor de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y presidente del Comité de Arbitraje Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), es mucho más complejo que el de otros países de Latinoamérica que han caído en default. Por estimaciones del FMI, para finales del 2022 la deuda soberana alcanzó la cantidad de 160 mil millones de dólares aproximadamente, y para finales de 2024 será superior a 200 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto (PIB) del país es de 103 mil millones de dólares. Si nuestra deuda va arribar a 200 mil millones de dólares, la relación es que es dos veces superior a nuestro PIB.
En 2018, la tasa de inflación fue 130000%, cuando Venezuela entró en hiperinflación. Desde 2013 el país ha perdido más de 80% de su PIB. Ante dicha situación, es considerado el país más endeudado de Latinoamérica y el Caribe, con una deuda superior a 172% del PIB.
El trabajo sobre la deuda, en el que se estudiaron varios casos de reestructuración como fueron los de Uruguay, Argentina, Puerto Rico y Grecia, destaca que en los países latinoamericanos que cayeron en default en las últimas tres décadas y lograron reestructurarla, sus deudas promediaron 53% del PIB, es decir la mitad de sus deudas.
De manera que Venezuela vive una situación más complicada, no solo por el tamaño de la deuda en relación a su PIB sino por el factor político que en la actualidad es la mayor traba para poder iniciar una reestructuración de su deuda y retomar el crédito internacional que nos pueda llevar por el camino de una reconstrucción económica.
Escovar Alvarado explica que nuestro presupuesto, cuya cifra oficial es muy difícil de conseguir, es un poco más de 10,65 mil millones de dólares según estima el FMI. Tampoco hay manera de obtener la cifra de déficit fiscal, ni cifras exactas de cuantas son las empresas del Estado y en qué estado financiero están. Sin embargo, uno de los hallazgos de la investigación de los expertos y Cedice Libertad, fue que ninguna de las empresas expropiadas por el gobierno, cuyos dueños intentaron una reclamación en arbitraje, está produciendo.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Fraser de Canadá, en alianza con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), Venezuela ocupa el último puesto (165 entre 165 evaluados) en el Índice Mundial de Libertad Económica (EFW).
Por tercer año consecutivo, Venezuela está en la cola de este informe que evalúa cinco componentes de la libertad económica: tamaño de Gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, moneda sana, libertad de comercio y regulaciones laborales y crediticias.
Al dejar de pagar, la deuda externa sigue creciendo por la acumulación de intereses, así como por litigios que se han perdido en tribunales internacionales y que eventualmente se tendrán que honrar.
¿Qué pasa con las demandas?
A la pregunta de por qué si la situación del país está tan mal, los acreedores no han demandado al país, salvo algunos casos puntuales. Escovar Alvarado considera que la postura de los grandes acreedores ha sido la de incentivar un acuerdo político y de reconstrucción del país. Y la solución que ellos apuntan hasta ahora es la de llegar a un acuerdo integral tripartito entre gobierno venezolano, acreedores y multilaterales.
Uno de los elementos que igualmente debe generar confianza es mostrar la capacidad de que la deuda si se puede pagar y que el país está trabajando en la reconstrucción de sus industrias. La mayoría de ellas se encuentran semiparalizadas o a 20 o 30% de su capacidad.
Uno de los grandes problemas que destaca Escovar Alvarado es que la economía venezolana es como un tren y el vagón que mueve todo es el petrolero. Señala que “las cifras que tenemos de las últimas semanas es que la producción subió a 800 mil barriles diarios; pero, a pesar de tener las reservas probadas más grandes del mundo estamos en el puesto número 20 en producción. Antes de toda la debacle económica, antes del chavismo, era de casi tres millones y medio de barriles por día”.
Se estima que para reconstruir la industria petrolera se necesitan al menos 20 mil millones de dólares por año durante 8 años. “Lo que queremos decir con esto es que el panorama es retador, no imposible, y el hecho de que no haya habido una cadena de demandas demuestra que no es imposible y que con las medidas correctas se puede lograr una reestructuración que implica un acuerdo integral. Nuestra conclusión es que este tema trasciende al conflicto político” opina Escovar Alvarado.
¿Qué es lo que se adeuda?
La parte más importante de esa deuda soberana es la correspondiente a los bonos financieros, los papeles comerciales de PDVSA y la República. El estimado que hace el estudio de Cedice Libertad, sin contar con el último set de intereses, sumaba alrededor de 90 mil millones de dólares.
Otra parte es la deuda arbitral que sobrepasa los 20 mil millones de dólares, sin los intereses. Esa deuda corresponde a aquellos acreedores, que por ser nacionales de un país con el cual Venezuela tiene un tratado de protección de inversión, demandaron en arbitrajes al Estado venezolano, por violación a esos tratados. Estos acreedores fueron a arbitraje y ganaron su laudo, muchos de los cuales están siendo ejecutados.
Un ejemplo de esos es la demanda de la empresa minera Cristalex, que es una deuda que asciende a poco más de 20 mil millones de dólares. A pesar de que no es la deuda más importante, es la más urgente porque al ejecutar las acreencias contra Venezuela son los primeros en esa lista de acreedores y van a tener posición privilegiada.
También está el caso de varias de las petroleras cuyos casos están en proceso de remate de varios activos venezolanos.
Otra parte de la deuda son los préstamos con China. Según un estudio de Cedice Libertad, de hace cuatro años, se estima que esa deuda está en 25 mil millones de dólares, coincidiendo con otras firmas económicas. Sin embargo se declaró un congelamiento de la deuda entre ambos gobiernos por un tema de sanciones.
¿Cuándo dejamos de pagar?
Otro de los expertos en Derecho Internacional Privado que participaron en el estudio, Andrés Carrasquero Stolk, explica que “cualquier Estado se endeuda para sostener sus gastos de deuda pública, para invertir, para proyectos. Venezuela desde el año 2017 entró en default y perdimos el acceso al endeudamiento. Van casi seis años sin poder obtener créditos nuevos. Cuando ocurrió la pandemia la mayoría de los países se endeudaron para poder cubrir el aumento del gasto público demandado para atender las necesidades de salud de la población. A diferencia de Venezuela que no tuvo acceso a créditos con las multilaterales ni a través del mercado de valores internacional y obviamente eso nos afectó”.
Esta falta de acceso a créditos internacionales, no solo afectan al sector público sino también al privado, porque tampoco tienen acceso al crédito y el que tiene es muy limitado.
La sanción y el impago
Carrasquero Stolk explica que un hecho que profundizó el impago en el que incurrió Venezuela fue una de las sanciones aplicadas por Estados Unidos. El 24 de agosto de 2017, tres meses antes de la declaración de default, entró en vigencia la orden ejecutiva 13808 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que prohibió las transacciones con los bonos de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) a los ciudadanos de EEUU o a las transacciones en EEUU.
La orden fue firmada por el presidente Donald Trump y en ella se establecen medidas de prohibición, respecto a las transacciones relacionadas con el financiamiento y otros tratos en materia de deudas, capital nuevo, pagos de dividendos, compras, directa o indirectamente de PDVSA o del Gobierno de Venezuela.
Sin embargo antes de esa sanción, la deuda venezolana ya tenía una mala calificación por parte de las calificadoras de riesgo internacionales. Pero también tenía una particularidad y es que a pesar de que el país lleva varios años siendo muy mal calificado, Venezuela seguía siendo un excelente pagador. “Es decir teníamos una calificación de riesgo casi basura, pero se cumplía con el pago de los bonos. Un fenómeno que los economistas no se explicaban, pero la mala calificación estaba vinculada al discurso político del gobierno y las declaraciones de los voceros no ayudaban. A pesar de que éramos buenos pagadores, los voceros no hacían buena propaganda con sus mensajes”, indica Carrasquero Stolk.
Para el especialista esa memoria sigue allí, es decir, que Venezuela cumplía con los pagos de los bonos y eso es un elemento a favor a la hora de volver a entrar en un proceso de reestructuración.
Reestructuración y geopolítica
Cuando se habla de restructuración de la deuda se refiere a la modificación de los términos y condiciones de la deuda que resulta impagable, que es insostenible y bajo las condiciones actuales Venezuela no tiene cómo pagar. Por ese motivo es inevitable buscar los mecanismos para reestructurarla y eso implica modificar los términos y condiciones existentes y eso se hace entre el deudor que es el Estado venezolano y los acreedores, sostiene Carrasquero.
En ese caso habría que atender de manera prioritaria a la deuda financiera de los bonos que es la más importante que tiene el país y la que está más determinada.
Cuando se entra en ese proceso, los términos y condiciones que se cambian en una reestructuración son el monto del capital, las tasas de interés, o perdonar intereses acumulados, y lo otro que se modifica es la fecha de vencimiento.
La pregunta que cabe en este caso es si el default existe desde 2017 por qué no se ha reestructurado la deuda, si hay una necesidad desde todos los sectores, además del gobierno; los sectores políticos, empresariales, y desde luego, la presión internacional que existe de parte de los acreedores.
Carrasquero Stolk afirma que la respuesta de por qué no ha ocurrido se encuentra en el tema político. Es un problema de carácter político internacional que tiene dos vertientes: una es el régimen de sanciones de EEUU que es un obstáculo por el cual no se ha podido iniciar un proceso de reestructuración ya que está vigente la medida de agosto de 2017 que está dirigida especialmente a los bonos, y hay otra orden ejecutiva de agosto de 2019 que señalaba que a todo el gobierno de Venezuela se le sancionó, se le incluyó en la famosa lista de nacionales especialmente mencionados por la OFAC, lo que quiere decir que ningún ciudadano de EEUU o persona que se califica como ciudadano de EEUU puede celebrar ningún tipo de transacción con el gobierno de Venezuela.
Pasos hacia la negociación
No es posible iniciar un proceso de reestructuración si está prohibido o sancionado sentarse a realizar cualquier tipo de transacción financiera. De allí que el proceso de negociación directo entre EE.UU. y el gobierno de Nicolás Maduro y el diálogo entre oposición y gobierno iniciado en Barbados son los primeros pasos que podrían abrir la llave de una reestructuración.
El primer acuerdo firmado entre gobierno y oposición compromete al gobierno de Maduro a cumplir las normas constitucionales que permiten la participación de todos los sectores políticos en un proceso electoral transparente y con observadores internacionales.
Como consecuencia de ese acuerdo entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y representantes del gobierno de Maduro, EEUU anunció el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las de los sectores petroleros y gasífero; y otorgó otra licencia general que autoriza las transacciones con Minerven, empresa venezolana productora de oro. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden advirtió que la suspensión de sanciones estará vigente por seis meses y podría reconsiderar la decisión si no hay avances hacia unas elecciones democráticas y no se liberan estadounidenses detenidos en Venezuela.
Licencia a los bonos venezolanos
El 18 de octubre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la modificación de dos licencias para eliminar la prohibición de negociación en el mercado secundario sobre bonos soberanos venezolanos y de PDVSA. Las prohibiciones impedían a los inversores estadounidenses negociar la deuda en el mercado secundario. La decisión revierte las dos sanciones económicas que el ex presidente Donald Trump promulgó en 2017 y 2019. Pero las sanciones que prohíben a PDVSA y a Venezuela vender nueva deuda en EEUU siguen en vigor.
La flexibilización anunciada por el Departamento del Tesoro sorprendió a los tenedores de bonos y de inmediato tanto los bonos de PDVSA y los de la República de Venezuela registraron un ligero aumento en el mercado secundario.
Es de destacar que aún está vigente la prohibición de negociación de bonos venezolanos en el mercado primario según informó el organismo. Ello mantendría paralizado, por el momento, acceder a un proceso de reestructuración o nuevas emisiones.
Anteriormente y como parte de conversaciones directas entre los gobiernos de Venezuela y EEUU, se extendieron licencias, como el caso de Chevron, para extraer petróleo desde Venezuela y recientemente se conoció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aprobó una licencia que permite a Shell operar el campo Dragón, en Venezuela que se encuentra en la frontera marítima de Venezuela y Trinidad y Tobago, lo cual es un regreso de ambas empresas estadounidenses.
Sin transparencia no hay acuerdos
El estudio sobre deuda en sus conclusiones destaca que el tema de la deuda no debe ser tratado como un tema aislado de los otros asuntos políticos y de gobierno. La transparencia y sustentabilidad son criterios claves para el manejo de la deuda, en un contexto de crecimiento creíble. Los acreedores y multilaterales no darán préstamos si no hay confianza en que el gobierno pueda cumplir. Si bien el endeudamiento funciona como un mecanismo para obtener fondos y aumentar la capacidad financiera de un país en el corto plazo, los Estados deben crear estrategias para no generar una situación de insostenibilidad financiera.
Esa situación de insostenibilidad es la que ha mostrado Venezuela en los últimos años y la que ha llevado al gobierno de Maduro a buscar mecanismos de acuerdos internos y externos a pesar de la conflictividad política que ha vivido el país en los últimos años y el riesgo para el gobierno de acceder a una transición hacia la democracia que lleve al país a un cambio de gobierno.