El narcotráfico y crimen organizado es la principal amenaza para Latinoamérica

El tráfico de cocaína es el principal factor criminal del continente centro y sudamericano y el gran generador de violencia que ha llevado a la región a alcanzar los peores índices de homicidios del mundo.

En los países tradicionalmente productores se están sembrando más plantas de coca y produciendo más cocaína, como nunca. Y la tendencia general es que esto vaya a peor.

En Colombia, principal productor, en 2022 se alcanzaron las cifras récord de 230 mil hectáreas sembradas de coca y 1.800 toneladas producidas de cocaína. El presidente Gustavo Petro ha lanzado una cantidad de ideas y vagas teorías sobre narcotráfico, pero no ha podido impedir que se siga produciendo más cocaína que antes y las organizaciones criminales Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional, Disidencia FARC y otras siguen manejando ese “gran negocio”.

En Perú, segundo país productor, y en permanente crisis política, el primer ministro, reconocía que “el narcotráfico ha crecido de manera exponencial…” El cultivo de hojas de coca ascendió en 2022 a más de 95 mil hectáreas y la producción de clorhidrato de cocaína aumenta y no cesa de fluir hacia el Sur del continente.

En Bolivia, tercer productor, también en crisis por la escisión del partido gobernante en la que “arcistas y evistas” se acusan de narcotraficantes, inmersos en la paradoja de permitir el cultivo legal de coca en un número de hectáreas supuestamente controladas. Los crecientes excedentes van al mercado ilegal para producir cocaína, mucho más rentable.

En 2023 se incrementó el cultivo de coca y laboratorios o fábricas para procesar cocaína en otros países: Honduras, Guatemala y Venezuela.

En México, el Cartel de Sinaloa, manejado por los “Chapitos”, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Cartel Jalisco Nueva Generación y otros grupos son los grandes “manejadores” de cocaína a nivel global. A la heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana le han sumado el fentanilo. En junio de 2024 habrá elecciones presidenciales y terminará la poco exitosa política del presidente Andrés Manuel López Obrador de “Abrazos y no balazos”. Tanto la candidata oficialista Claudia Sheinbaum como la opositora Bertha Xóchitl Gálvez pregonan la desmilitarización de la seguridad pública, lo que generará ventajas para los carteles, adicionales a las debilidades existentes y las que implican una campaña electoral y la asunción de una nueva administración.

Ecuador, país “No Productor”, pero ubicado entre Colombia y Perú, es la principal “lanzadera de cocaína” al Océano Pacífico. El joven presidente Daniel Noboa, electo para sólo 18 meses de mandato, desbordado por la crisis de violencia, no atina a entender que el narcotráfico es su gran generador. La policía, fuerzas armadas y puertos están minados por la corrupción; las organizaciones criminales mexicanas y la mafia de Los Balcanes controlan cárceles y calles; no existe posibilidad de extradición, rechazada en referéndum, ni tampoco ha sido aprobada una Ley de Extinción de Dominio. El flujo de cocaína que entra y sale de Ecuador aumenta, disminuyen las incautaciones y el nuevo gobierno no atina en dar respuestas asertivas.

En Panamá, plaza fundamental para el envío de cocaína al mundo en contenedores, también habrá elecciones generales en mayo de 2024. No existe reelección inmediata. Los primeros meses del año estarán marcados por las elecciones y la asunción de una nueva administración, por lo que la voluntad política que debe acompañar a la lucha contra el narcotráfico posiblemente se verá comprometida o disminuida. Las incautaciones vienen en descenso y las prioridades del país van a mirar a otro lado.

En República Dominicana, “país puente” para el envío de cocaína hacia Puerto Rico, Panamá y Costa Rica, el presidente Luis Abinader, embarcado en la costosa construcción de un muro con Haití, no ha logrado bajar la tasa de homicidios, la mayoría de ellos relacionada con drogas, ni realizar significativos cambios para reducir los intereses del crimen organizado, el crecimiento de las pandillas locales que les prestan servicio y el reclutamiento de jóvenes por estas bandas. Mientras que Haití vive un caos generado por las organizaciones criminales.

En Brasil el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no tiene ningún demostrado interés hacia el combate al narcotráfico, tampoco contra las poderosas organizaciones criminales Primer Comando Capital y Comando Vermelho que lo manejan. Intenta mantener un “equilibrio” que los grupos criminales saben poner a su favor.

En Paraguay, principal productor de marihuana de Sudamérica y corredor de salida de cocaína hacia Europa por la Hidrovía Paraná-Paraguay; el joven presidente Santiago Peña, aparenta poco interés por el problema. Además, existe cierta “aceptación social y política de la corrupción”.

En Chile, el presidente Gabriel Boric, empeñado en una profunda y no muy exitosa reforma del Estado, parece no darse cuenta que su país se está convirtiendo en la base de salida de cocaína hacia Oceanía y Asia, en dónde la droga se vende a precios mayores.

Los regímenes dictatoriales del continente, han asumido el tráfico de cocaína como tarea indispensable para generar ingresos que les permitan mantenerse en el Poder.

Costa Rica, Honduras, Guatemala y Belice son y seguirán siendo vías de paso de la cocaína hacia México. En El Salvador, aún no se sabe si la brutal represión a “las maras” afectará también el trasiego de cocaína. Lo que si se conoce bien es la capacidad de los grupos criminales para reemplazar a los caídos e innovar nuevos métodos y rutas. Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y Guayana Francesa son plataformas del frente Atlántico Norte para enviar cocaína a Europa, bien sea con “mulas”, en yates y veleros o contenedores y se está incrementando la salida de cocaína que viene de Colombia, vía Venezuela.

A todo esta hay que añadir la “renuncia silenciosa” acertadamente señalada el pasado 20 de enero por Brian Winter, vicepresidente de la Americas Society y del Council of the Americas, que se refiere a los países que apenas realizan el “mínimo de tareas” en la lucha contra el narcotráfico para evitar la atención negativa o la decertificación de Washington; y la indiferencia de algunos países gobernados por la izquierda, que miran el problema con cierta tolerancia.

Por otra parte, la administración Biden acepta que la llamada “Guerra a las Drogas”, sostenida por más de tres décadas, ha sido infructuosa. La ha sustituido por una agresiva política de denuncias de corrupción de sus embajadores en el continente, pero que a corto y mediano plazo no impacta sobre el tráfico de cocaína. Con abiertos compromisos de apoyos militares y financieros en los conflictos de Ucrania e Israel es posible que se debilite la capacidad de “interdicción” del Comando Sur.

Como puede verse, las características y problemática particular de cada país centro y sudamericano, unidas a tendencias generales y el incremento de decomisos de cocaína que ya se observan en 2024, y que reflejan aumento en el tráfico, parecen inclinar la balanza a favor de las organizaciones criminales que trafican drogas.

La demanda de cocaína en los principales países consumidores Estados Unidos, Brasil, España, Uruguay, Argentina y la Unión Europea no ha cesado de aumentar y se han sumado nuevas regiones, Medio Oriente, África, Turquía, los Balcanes, en las que se comienza con cada vez más fuerza a consumirla. Se estima que en el mundo más de 22 millones de personas la consumen, pagando por ella cerca de 100 mil millones de dólares.

Todo obedece a la altísima rentabilidad del tráfico de cocaína. Un kilo se puede comprar en Colombia en menos de mil dólares y venderlo en Estados Unidos en 30 mil, 40 mil dólares en Europa y por cantidades aún mayores en Australia o Japón. Las estimaciones generales dicen que se decomisa entre 10 y 20% de la cocaína que circula por el mundo. Apenas existe capacidad para revisar el 2% de los cientos de miles de contenedores que viajan por los puertos, y que se han convertido en la vía preferida para los narcotraficantes. El músculo financiero del crimen organizado le proporciona una altísima capacidad de corrupción, no solo en países con debilidades institucionales, sino también entre funcionarios o trabajadores portuarios de Holanda, Bélgica, Estados Unidos o España. La cocaína se ha perfeccionado, aumentado su pureza y potencia con mejoras genéticas, con técnicas de producción más simples. Y ahora se suma la amenaza global del fentanilo.

El dinamismo, alianzas e innovaciones de las grandes organizaciones criminales italianas, rusas, mexicanas, colombianas, brasileras, chinas o marroquís; con nuevas tecnologías como los semisumergibles, lanchas “Go Fast”, túneles, drones o delivery; con nuevas drogas, como la “cocaína rosa” o el fentanilo; sumados a los problemas y debilidades mencionadas de los países productores y de los países puente, señalan que el consumo, el daño a la salud y la tragedia del impacto social y de violencia que muchas veces genera el tráfico de drogas, no dejarán de aumentar.

En la Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en República Domicana, en marzo de 2024, se reconoció la seguridad ciudadana como área prioritaria. Por su parte, el informe “Riesgo Político América Latina 2023” del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentado en 2023 en Buenos Aires, califica por primera vez al “Crimen Organizado” como el principal riesgo de la región. Pero, mientras lentamente las instituciones avanzan en reconocer amenazas y formular estrategias, el músculo financiero del crimen organizado le proporciona una altísima capacidad de corrupción y el dinamismo, alianzas e innovaciones de las grandes organizaciones criminales, vislumbran un escenario complejo y factor de generación de grandes riesgos y crisis para el continente centro y sudamericano, al que hay que prestar especial atención.