Venezuela lidera ranking en trabas burocráticas en Latinoamérica

En 2022 cerraron 40% de pequeñas y medianas empresas en Venezuela por la caída económica, exigencias burocráticas, deficientes servicios públicos y extorsiones.

Cuando se debate sobre la posibilidad de recuperación económica en Venezuela, bajo el actual modelo del chavismo-madurismo, los indicadores demuestran que la fuerte burocracia, exceso de trámites, extorsiones y la baja calidad institucionalidad frenan el desarrollo de cualquier actividad privada.

Una imagen reiterada en los últimos años en el país es la de un grupo de funcionarios uniformados con franelas alusivas a alguna alcaldía cerrando un comercio o poniendo un gran cartel en la puerta del local con las palabras: ¡Infractor! o ¡Cerrado! Con ellos la alcaldía, el gobierno local o los distintos entes gubernamentales asumen que están aplicando acciones ejemplarizantes en beneficio de la comunidad; incluso las promocionan con gran despliegue informativo.

Detrás de esas calcomanías que se han expandido por todo el territorio nacional y que no distinguen el color político del gobernante hay historias desconocidas de pequeños comerciantes que intentaron emprendimientos en Venezuela. Con esfuerzo abren pequeños negocios en medio de la profunda crisis económica y desde ese momento en el que le colocaron el aviso en su puerta quedaron sin empleos, ellos, su familia y al menos una docena de personas de su entorno.

Ese comerciante tal vez se retrasó en algún impuesto que le resulta elevado, ha invertido cientos de horas en cumplir el papeleo que le exige la burocracia gubernamental y tal vez ha tenido que lidiar con la extorsión de funcionarios o grupos colectivos que lo han tenido amenazado.

Crece la informalidad

En 2022, la asociación sin fines de lucro, Consecomercio (Consejo Nacional del Comercio y los Servicios) registró el cierre de 40% de comercios por elevados impuestos, costos y deterioro de los servicios públicos. Esta situación ocurrió a pesar de que en el primer semestre de 2022 el gobierno venezolano celebró que se había registrado una recuperación económica en el país.

Este escenario descrito para el comercio también se extiende al sector industrial. Ello ha traído como consecuencia que muchos de estos comercios han tenido que migrar a la economía informal. El último estudio sobre “Informalidad laboral en Venezuela: definiciones, medición y desafíos”, realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) señala que la informalidad se ubica en 84,5%, incrementándose en los últimos cinco años.

Según los datos aportados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), entre 2014 y 2020 el porcentaje de trabajadores asalariados disminuyó de 62% a 46%; la cifra de ocupados por cuenta propia subió de 31 a 45%; la proporción de trabajadores en empleos vulnerables aumentó de 35% a 51% del total de ocupados y la nómina pública de empleados y obreros pasó de 36% a 24%.

Burocracia y populismo

Cuando un emprendedor decide registrar una empresa en Venezuela y se encuentra con una larga lista de requisitos por delante y un costo que podría llegar a 6 mil dólares, comprende que se encuentra en el tercer mundo bajo el régimen de los llamados “socialistas del siglo XXI” o “populistas”.

Mientras en los países del primer mundo una empresa se puede registrar y operar en poco tiempo desde Internet, Venezuela ocupa el último lugar en Latinoamérica en cuanto a la cantidad de horas y costos para poner en funcionamiento un emprendimiento.

El Índice de burocracia en América Latina 2022 que desarrolla el Centro Latinoamericano de Atlas Network y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica contó con la participación por Venezuela del Centro de Divulgación y Conocimiento Económico (Cedice-Libertad). Allí se reflejaron la cantidad de tiempo requerido en el cumplimiento con las leyes y regulaciones que imponen las burocracias públicas sobre pequeñas empresas y microempresas. En una muestra de once diferentes países en la región se encontró que dedican hasta 1000 o más horas por año para cumplir con una compleja tramitología burocrática requerida para funcionar. Esto implica desde 25 hasta 40% del tiempo laboral anual requerido para cumplir con una compleja tramitología burocrática.

En su estudio sobre la burocracia en América Latina presentado al cierre de 2022 se evaluó el impacto de la expansión de la burocracia administrativa sobre el quehacer de pequeños negocios y microempresas en la región, y el tiempo que estos negocios deben dedicar para cumplir con una creciente y compleja red de reglas, permisos y trámites; simplemente para salir adelante.

Se encontró que las horas promedio al año que dedican pequeñas empresas y micro-negocios en los once países estudiados, asciende a 548 horas en la jornada laboral anual y en algunos casos dramáticos hasta más de 1.000 horas anuales. Esto significa que pequeñas empresas, las cuales representan más del 70% de las fuentes de empleo en esos países, deben dedicar desde 20% y hasta más de 40% de su tiempo en el calendario laboral para lidiar con la complicada burocracia simplemente para tratar de salir adelante, comerciar, invertir y trabajar.

Venezuela de última

El estudio evidenció que Venezuela ocupa el último puesto en el “Índice de Burocracia”, pues es el país con más horas invertidas en trámites, lo cual limita la productividad. Es la nación donde las pequeñas empresas destinan el mayor número de horas/año en el cumplimiento de los trámites exigidos. Son en total 1062 horas/año, que equivalen a 44 días continuos o 133 jornadas laborales. En este caso, es el sector terciario o de servicios el que destina el mayor número de horas al cumplimiento de los trámites exigidos. En general, la mayor carga se concentra en trámites relacionados con la administración de operaciones (69,67% del total de horas) ,

Brad Lips, CEO de Atlas Network y autor del libro “Liberalismo y Sociedad Libre en 2021”, considera que para “detonar la creatividad de los ciudadanos y mejorar los niveles de vida, los gobiernos deben reducir obstáculos que estorban el quehacer de seres cotidianos”. A su juicio es necesario un marco jurídico, pero la regulación inteligente debe ser facilitadora, “y no generar una expansión de la administración burocrática que a la postre castiga al ciudadano que sólo busca mejorar su entorno”.

Para Carlos H. Blohm, presidente de CEDICE Libertad, es importante disminuir los trámites que terminan siendo barreras al desarrollo, incorporar la tecnología para simplificarlos y disminuir la burocracia que termina siendo un alto costo para la sociedad.

Sin autonomía institucional

Además de ser Venezuela el país con la mayor burocracia que ejerce un freno para el desarrollo, compartimos el último lugar en calidad institucional, por debajo de Haití.

La Red Liberal de América Latina (Relial) ubicó a Venezuela en el penúltimo lugar en el “Índice de Calidad Institucional mundial” elaborado anualmente. Este indicador analizó el nivel de autonomía de las instituciones públicas (políticas y económicas) en 183 países y detectó que Venezuela ocupa el lugar 182, solo superando a Corea del Norte.

En el ranking de menor calidad institucional del mundo Venezuela está junto a Afganistán (174), Somalia (175), Sudán del norte (176), Libia (177), Sudán del Sur (178), Siria (179), Yemen (180) y Eritrea (181).

El Índice de Calidad Institucional es un indicador del cual forma parte Cedice Libertad por Venezuela. Se publica anualmente desde 1996. Sus nuevas estimaciones fueron divulgadas el 16 de mayo de este año por un equipo de investigación liderado por el economista argentino Martín Krause, doctor en Administración y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Este índice evalúa el estado de las instituciones políticas y económicas mediante factores como el Estado de Derecho, libertad de prensa, corrupción, transparencia, libertad económica y el entorno de inversión en el mundo. Comprende cuatro categorías de los Estados en función de la calidad institucional de “buena”, “buena a media”, “media a pobre”, “pobre” y “gran necesidad de realizar profundas mejoras”. En este renglón se encuentra Venezuela.

En 2023 el análisis del Índice de Calidad Institucional 2023 evaluó también la inflación ocasionada por la pandemia del Covid-19 y la crisis en Ucrania, “así como su impacto en Latinoamérica y cómo las instituciones de cada región influyen en la reconstrucción económica y el combate al alza de precios e intereses”.

Krause, profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires, señaló en la presentación del referido informe que los dos países de Latinoamérica que registraron el mayor descenso fueron Nicaragua que ocupó el puesto 159 y Venezuela que bajó del puesto 162 al 182; mientras Chile, Uruguay y Costa Rica lideran la calidad institucional en la región.

Crisis sin salida a la vista

El rebote económico de 2022 que ofrecía cierto respiro para la economía venezolana después de una caída en 10 años de 80% del aparato productivo, nuevamente en 2023 vive un frenazo y caída de más de 8%. Especialmente el sector comercial ha sufrido el frenazo y la abrupta caída del consumo que se estima entre 3%0 y 40% en todo el país. Desde el gobierno de Nicolás Maduro no se observan medidas o cambios en sus políticas que compensen o reorienten la economía.

Mientras se mantienen las exigencias a las empresas privadas; los servicios públicos empeoran; la escasez de electricidad, gasolina y agua generan altos costos a los productos, y la corrupción y extorsión siguen formando parte del entramado que afecta la iniciativa privada en Venezuela. Las protestas y los reclamos de la ciudadanía no encuentran solución en este modelo implantado en la tierra de Simón Bolívar.