Recuperar la industria petrolera venezolana solo es posible con un cambio político, institucional y ético

Francisco Olivares

Luego de 24 años de socialismo del siglo XXI, Venezuela se encuentra con una industria petrolera endeudada, severamente politizada y carcomida por la corrupción, contratistas prácticamente quebrados y una producción declinante. Así lo señala un estudio auspiciado por Cedice y Ciudadanía Sin Límites sobre el deterioro del sector energético en Venezuela.

Lo que parecía imposible en la Venezuela petrolera llegó con el chavismo. Por primera vez es normal observar imágenes de largas filas de vehículos por días esperando para abastecerse de combustible; el transporte público se paraliza, pues el gasoil escasea; y los productores del campo pierden sus cosechas por no tener cómo transportarlas a los centros de acopio. Desde luego el mercado negro y la extorsión hacen de las suyas en este panorama sombrío.

La destrucción de la principal industria del país, como señala el estudio “Energía y Dignidad Humana”, auspiciado por las organizaciones civiles Cedice Libertad y Ciudadanía Sin Límites, ocurre en el contexto de un país con niveles de pobreza extrema, con la más alta inflación en el mundo y salarios de miseria para la mayoría de su población. Como factor agravante, las leyes y políticas del sector de los hidrocarburos son anacrónicas y no incentivan la inversión.

El estudio hace un diagnóstico de lo que ha ocurrido en la industria petrolera, la principal del país, y explica las causas de su deterioro acelerado y de su impacto en otros sectores como eléctrico y gasífero.

El gobierno chavista disfrutó de un boom de los precios petroleros a partir de 2005 que le permitió duplicar los ingresos para arribar a 122 mil millones de dólares para decaer a partir de 2010 como consecuencia de la corrupción y las políticas aplicadas. En el año 2016, bajo la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, los ingresos eran de 41 mil 900 millones de dólares, de acuerdo a los estados consolidados publicados por la propia PDVSA.

La investigación “Energía y Dignidad Humana” de Cedice Libertad y Ciudadanía Sin Límites refiere que para 1998, cuando asciende el chavismo al poder, en Venezuela, la industria petrolera tenía una capacidad de producción de 3 millones 400 mil barriles por día (MMBPD) y se encaminaba lograr más de 4,2 MMBPD, para aprovechar el crecimiento de la demanda mundial, con proyectos que aseguraban este crecimiento y con una capacidad de refinación a nivel mundial de casi 3,0 MMBPD, acceso a los mercados más rentables para nuestros crudos, llegando, en muchos casos, al consumidor final a través de la integración vertical a nivel del sistema internacional.

Sin embargo, esta política petrolera enfocada a desarrollar el petróleo, gas y la petroquímica para incrementar el aporte a la Nación de la industria relacionada con los hidrocarburos, y contribuir con el proceso de diversificación de la economía, llegó a su fin con el cambio de gobierno de 1999.

Lo que va quedando

En 2023, a pesar de un ligero ascenso registrado en el primer semestre de 10,65%, según registros de PDVSA, la producción promedió apenas a 810 mil barriles por día (MBD). Una extrema caída que el gobierno de Maduro la atribuye exclusivamente a las sanciones internacionales aplicadas al país, minimizando los escándalos de corrupción en la estatal que se estiman alcanzaron más de 60 mil millones de dólares.

Para 2022 con una producción de 721 MBD, los ingresos por concepto de petróleo se estimaron en 7 mil millones de dólares, tras los pagos de deudas, intermediación y otros descuentos, según analistas independientes.

La ONG Transparencia Venezuela, que ha investigado el comportamiento de las empresas del Estado durante el chavismo, resalta que “la gran corrupción instaurada en Venezuela en los últimos 20 años tiene como una de sus principales fuentes de financiamiento a Petróleos de Venezuela, la estatal mas grande del país y otrora referencia a nivel mundial”.

José Toro Hardy, economista y miembro principal del Directorio de PDVSA durante el período 1996-1999, nos recuerda que la estatal tenía participación como propietaria total o parcial en 22 refinerías en el mundo, 8 de ellas en Europa, que ya no están, otras 8 en Estados Unidos, 2 en el Caribe, que tampoco están y las 6 de Venezuela” que trabajan entre 10 y 20% de su capacidad instalada.

La empresa Citgo, establecida en Estados Unidos, llegó a tener 8 refinerías, 36 terminales, participación en oleoductos que atravesaban a Estados Unidos de sur a norte y 15 mil 750 estaciones de servicio. Toro Hardy señala que “habíamos logrado una integración vertical perfecta, capaces de llevar el petróleo del subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina del 10% de los consumidores norteamericanos”.

El economista Rafael Quiroz Serrano explica que actualmente se refinan cerca de 135 mil barriles de petróleo diarios de los casi 250 mil necesarios para cumplir con la demanda interna, que incluye los requerimientos del parque automotor, estimado en casi 4,1 millones de vehículos, según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores.

Estados Consolidados de PDVSA 2001-2016 (Millones de US$)

Ganancias netas PDVSA 2001-2016 (Millones de US$)

Petróleo con ideología

El estudio de Cedice y Ciudadanía Sin Límites consideran que el gobierno de Hugo Chávez con el discurso nacionalista se dedicó a expropiar sin compensación a los contratistas vitales en la actividad operativa de la industria, sustituyéndolas por emprendimientos estatales que pronto fueron presa de la falta de conocimiento y la descomposición administrativa.

El estudio indica que el gobierno de Chávez no solo suspendió la aplicación de las políticas existentes, sino que instrumentó un proceso para desmantelar progresivamente la mayoría de estos logros. Los contratos y asociaciones de la apertura petrolera logradas en los años 90, fueron forzados a migrar a empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado o expropiadas.

Durante las últimas dos décadas, la industria petrolera venezolana ha sido sujeto de una destrucción sistemática, iniciada con el despido masivo de gerentes y técnicos con experiencia irremplazable en 2002-2003.

La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos del chavismo fue aprobada bajo el amparo de una Ley Habilitante, elaborada en los tiempos de alza de los precios petroleros y olvidando la ciclicidad del negocio. Aunque se mantuvo la participación privada minoritaria en las empresas mixtas, estas se encontraban bajo el control total del Estado, con su burocracia y procedimientos.

Durante ese período, la producción petrolera, bajo control total de PDVSA, sufrió los efectos de la falta de inversión y mantenimiento, escasez de personal calificado y expuesta al sistema plagado de corrupción. Los fondos requeridos para el mantenimiento, generación de potencial y proyectos de infraestructura fueron desviados hacia proyectos de orientación política y ajenos a las actividades petrolera.

Como consecuencia, la situación actual de la actividad petrolera venezolana es de desolación, la producción es de una sexta parte de lo que pudiera ser, los activos deteriorados por falta de mantenimiento, convirtiendo el sofisticado parque refinador, con salvadas excepciones, en instalaciones deterioradas, corroídas y con alta frecuencia de accidentes.

Como se explica en la investigación “Energía y Dignidad Humana” la quema y venteo de grandes cantidades de gas natural despilfarran uno de los más importantes activos del país, que, junto con los derrames de crudo en tierra, en los lagos y mares, contaminan el ambiente, justamente cuando existe una campaña global para reducir las emisiones de dióxido de carbono y concientizar sobre la contaminación ambiental.

A raíz de este mal manejo, el crecimiento económico del país se detuvo y los declinantes ingresos por ventas de hidrocarburos empeoraron aún más al tener que financiar la importación, no solamente de gasolinas y destilados para el mercado interno, sino también diluentes para poder producir el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Adicionalmente, y debido a las violaciones de los derechos humanos, que incluían torturas y represión exagerada de la disidencia política, así como participación del régimen en narcotráfico y lavado de capitales, Estados Unidos impuso sanciones personales e institucionales, particularmente a PDVSA.

Sin acceso a los mercados

A partir de 2019 el país no tuvo acceso al mercado petrolero y al sistema financiero estadounidense, su mercado natural. El resultado de estas sanciones fue una reducción en los ingresos por venta de hidrocarburos y la utilización de sistemas financieros alternos mediante los cuáles los dineros fluían a través de Rusia, Turquía y otros países con poca transparencia.

Este mecanismo de transacciones secretas y operaciones subrepticias fueron contaminadas por escandalosos esquemas de corrupción, dejando al país desprovisto de divisas que a la postre generaron en una enorme y continuada depreciación del signo monetario y periodos de hiperinflación.

A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que forzó a los rusos vender importantes volúmenes de crudo a precios con descuentos en el mercado chino, en competencia frontal con el crudo venezolano e iraní (países también sancionados), la situación económica se ha agravado aún más, ahondando la crisis financiera de PDVSA y el país además de la situación de impago de su deuda, con dificultad de financiar aún las más básicas necesidades de la administración pública.

Sin embargo, el estudio considera que, a pesar de todas esas vicisitudes y la mala gestión de los yacimientos, el petróleo recuperable de las cuencas sedimentarias del país se encuentra en el orden de 100 MMBBLS de crudo que, a precios de hoy, son más que suficientes para cualquier desarrollo futuro.

¿Se pueden generar cambios?

El estudio “Energía y Dignidad Humana” de Cedice y Ciudadanía Sin Límites destaca que a raíz de la crisis energética de 2021 y la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, la seguridad energética cobró importancia nuevamente, pero esta vez con un telón de fondo en la cual las alianzas tradicionales entre los países del Golfo Pérsico y el mundo occidental, particularmente con Estados Unidos, están siendo cuestionadas.

En este contexto, Venezuela surge como una oportunidad única de suministro con un potencial confirmado de poder llegar a 3,5 MMBPD en un periodo perentorio de 7 a 8 años.

La administración de Maduro está ávida de ingresos petroleros adicionales, mientras que la administración de Biden está interesada en asegurar más fuentes de crudo. De allí que se intentó abrir un diálogo entre oposición venezolana y gobierno, para negociar condiciones aceptables para una contienda electoral en el 2024 y reducir las sanciones a PDVSA en un acuerdo triangulado.

El proceso de negociación se inició con algunos acuerdos preliminares y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) concedió una Licencia General (GL 41) a favor de la empresa Chevron para producir en sus respectivas empresas mixtas, bajo acuerdos firmados con PDVSA y exportar el crudo a EEUU.

La licencia tenía intenciones de ser progresiva, para levantar limitaciones a medida que avanzaran las negociaciones. Pero esta última fase, no ha avanzado ya que la administración de Maduro se ha negado a retornar a las negociaciones. La iniciativa, a pesar de sus limitaciones, probó ser viable, tanto por el acceso al mercado de mayor remuneración para el crudo venezolano, como por el ingreso transparente de divisas al país a través del sistema bancario nacional y podría servir como una plataforma de lanzamiento de la recuperación de la industria petrolera cuando se presenten condiciones propicias.

Un camino para la recuperación

En el nuevo escenario geopolítico por la guerra de Rusia contra Ucrania y otros factores, indican que el petróleo seguirá siendo la fuente principal de energía en las próximas décadas. Sin embargo, el estudio de CEDICE y Ciudadanía Sin Límites considera, que bajo las condiciones políticas, económicas, legales, fiscales y éticas actuales, el país solamente atraería a empresas con las cuales PDVSA mantiene abultadas deudas, siendo el recobro de los montos adeudados el único objetivo de interés de tener operaciones.

Para iniciar la recuperación de la economía del país, forzosamente se tiene que conseguir préstamos de emergencia de los organismos multilaterales para el manejo urgente de la crisis humanitaria, los cuales solo se conseguirán, si el país es capaz de presentar un plan creíble y sustentable de redesarrollo de su industria de los hidrocarburos, en el marco de cambios legales, institucionales, fiscales, ambientales y éticos, con los que se comprometan los actores políticos.

Ese plan tiene que demostrar que Venezuela tendrá los recursos financieros para repagar los préstamos de emergencia y lograr una renegociación de toda su deuda que se encuentra en default desde 2017.

Algunas medidas urgentes

El estudio sobre hidrocarburos propone un amplio plan de recuperación de la industria petrolera, que necesariamente pasaría por un cambio en la dirección política del país que implicaría mantener la continuidad operativa y atender la emergencia de combustible. Es un escenario en el cual las sanciones económicas serían levantadas por Estados Unidos.

Un punto clave que señala la propuesta es una nueva Ley de Hidrocarburos que permita reducir la participación estatal en las empresas mixtas. Una vez aprobada se procederían a ejecutar ajustes institucionales para coordinar e instrumentar las grandes políticas petroleras y promover el proceso en forma clara y transparente.

Dentro de este proceso, se le debe dar especial atención a la interdependencia de los sistemas eléctricos y los de la industria de los hidrocarburos; a las consideraciones ambientales en cuanto a la reducción de emisiones de gas; a la remediación ambiental; la erradicación de la corrupción en todas sus formas; y la seguridad de las operaciones.

Las refinerías se reactivarían al menos para suplir todas las necesidades del recuperado mercado interno. La producción de crudo liviano y mediano está dispuesta para cumplir con las necesidades de mezcla con crudos extrapesados, y adicionalmente suplir las necesidades de las refinerías, eliminando la perniciosa práctica de importar crudo y diluentes.

Este esquema de desarrollo, utilizando las tecnologías probadas más avanzadas, resulta en proyectos de corto ciclo y costos relativamente bajos, y es lo que atrae a los inversionistas en tiempos de incertidumbre como los que tendremos durante los próximos años.

Con un consenso político robusto, el potencial de producción comenzará a crecer, al principio modestamente, pero a medida que se recuperan las eficiencias operacionales y se incorporen empresas privadas (al principio solo las empresas mixtas), taladros y contratistas, la tasa de recuperación crecerá.

El estudio de Cedice y Ciudadanía Sin Límites señala que ese proceso es factible de lograr en alrededor de 8 años, de manera de romper la barrera de los 3,0 MMBPD, logrado solo dos veces en la historia de la industria petrolera venezolana.

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