Organizaciones criminales toman territorios en Venezuela y controlan a los ciudadanos

Francisco Olivares

En Venezuela se registra un avance significativo de las organizaciones armadas ligadas al crimen organizado quienes están imponiendo sus propias leyes y cambiando el modo de vida de las comunidades. La orden de Nicolás Maduro de activar el Plan Furia Bolivariana es una acción militar y policial orientada a neutralizar a la sociedad civil organizada que reclama libertades y salarios dignos.

Un grupo de uniformados armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se presentaron sorpresivamente en un poblado del estado Táchira y se dirigieron a la iglesia del pueblo para leerle al párroco las normas que de allí en adelante deberán cumplir, tanto la Iglesia que representa como sus pobladores. En ellas se destaca que cada actividad que realicen, tránsito de personas o mercancías por la región, visitas de personas, debe ser notificada a la organización armada.

Según un reporte del sitio web de periodismo de investigación Armando.info esta práctica se ha realizado de manera similar en varias poblaciones de los estados Táchira y Apure en donde la presencia del ELN tiene una larga historia delictiva. El ELN, además de controlar las rutas de una gran parte del tráfico de drogas que proviene de Colombia y el oro ilegal, en estos últimos años ha profundizado su dominio territorial controlando por completo poblados en donde hay ausencia del Estado o su presencia es tan precaria que las mismas autoridades locales deben someterse a las imposiciones de esa organización guerrillera. El ELN, si bien tiene origen colombiano, ya ha establecido sus raíces desde hace años en Venezuela con el reclutamientos de niños y jóvenes venezolanos.

Destacamos esta historia porque en ella se muestra el avance de las distintas organizaciones armadas que se han convertido en un poder territorial, político y económico tal como está ocurriendo en otros países de la región como en Ecuador, México, Trinidad, Brasil, Bolivia y El Salvador, entre otros, cuyo poder en ascenso les permite convivir con los regímenes, especialmente populistas y progresistas.

En las zonas fronterizas, en territorio venezolano, el ELN se disputa los espacios con las FARC disidente, Nueva Marquetalia, Fuerzas Bolivarianas de Liberación y el Cartel del Golfo dedicado especialmente al narcotráfico. Operan también otras bandas menores que han logrado establecerse.

El poder de las bandas

En Venezuela se identifican trece organizaciones delictivas armadas, entre las más importantes, que agrupan cerca de 10 mil personas y operan en casi todo el territorio. La diversidad de sus actividades ilegales abarcan narcotráfico; tráfico de oro, minerales y gasolina; trata de personas, extorsión y secuestros. Lo más grave de estas bandas armadas es que son parte fundamental del crimen organizado en el que un sector de ellos forma parte de las bases de apoyo del partido oficialista (PSUV) según lo documenta la investigación “Economías ilícitas al amparo de la corrupción” de la ONG Transparencia Venezuela correspondiente a 2022.

Entre las bandas estudiadas se encuentra, una de las más violentas, “El Tren de Aragua”, que se ha extendido a más de la mitad del territorio y a siete países de la región. Esta organización también logró establecerse en los estados Bolívar y Amazonas, territorio dominado por el ELN, teniendo en el tráfico de drogas y oro sus principales actividades. Además de las señaladas están los colectivos armados ligados al gobierno, los pranes que dirigen las organizaciones carcelarias y las bandas o sindicatos que operan especialmente en las zonas mineras de Bolívar Amazonas.

Poder y dinero

El más reciente informe de Transparencia Venezuela publicado en 2023 pudo determinar que, para 2022, las organizaciones criminales a cargo de las economías ilícitas que se originan o transitan en el país tuvieron ganancias por el orden de 9 mil 402 millones de dólares, lo que equivale a 15,67% del total de la economía del país, si se toma como referencia la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecoanalítica, que lo ubicó en 60 mil millones de dólares en 2022.

El informe indica que, aunque en términos absolutos los ingresos por las economías ilícitas fueron similares, al pasar de 9 mil 444 millones en 2021 a 9 mil 402 millones de dólares en 2022, al comparar el peso de estas actividades con respecto al PIB, se observa una disminución (pasó de 21,74 en 2021 a 15,67% en 2022) por el incremento en la estimación del PIB nominal en dólares que pasó de 43 mil 440 millones a 60 mil millones de dólares.

El narcotráfico principal fuente de ingresos

El narcotráfico sigue siendo la principal fuente de dinero ilegal que reciben las organizaciones criminales en Venezuela que sigue siendo reconocido a nivel internacional como uno de los principales países de tránsito de drogas, especialmente de cocaína.

El estado Zulia es la entidad que más recibe droga proveniente de Colombia, dada su cercanía con la región del Catatumbo, el principal enclave de cultivos de coca, de acuerdo con especialistas del crimen organizado que fueron entrevistados para el informe de Transparencia. En esa zona tienen gran presencia grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y hasta carteles mexicanos que se encargan de sacar los estupefacientes por vías aéreas o marítimas, como se precisó en dicho informe, en el capitulo titulado “Agentes criminales, interacciones oscuras”.

También se reporta la aparición de cultivos de coca y laboratorios de procesamiento de cocaína en Zulia y Apure. En noticias y reportes del estado Zulia, se informó sobre la presencia en Venezuela de factores de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco, entre los principales de México. En la visita de campo realizada por la ONG Transparencia se señala que fue el Cártel de Sinaloa el más mencionado por las fuentes. Se estima que a Venezuela ingresaron 5 mil 115 millones de dólares durante 2022 solo por concepto de narcotráfico.

Además del narcotráfico el informe señala que la trata de personas se ha venido incrementando de una manera alarmante en los últimos dos años. El ilícito se identificó especialmente en los estados Táchira y Zulia.

El tráfico ilegal de chatarra (acero, hierro y cobre) se ha convertido en un “nuevo negocio” por los caminos fronterizos. En 2015 la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia identificó 247 pasos informales binacionales, especialmente en el Norte de Santander, donde 80% de la chatarra provenía de Venezuela. En marzo de 2022 el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab informó la detención de 326 personas por tráfico de “material estratégico” de PDVSA, las hidrológicas y Corpoelec y la incautación de 373 toneladas de chatarra. Se desconocen cifras de esta actividad ilegal en ascenso.

El informe reporta que algunos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) son señalados como presuntos colaboradores en actividades ilícitas, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército.

Es de destacar que adicionalmente la corrupción directa con implicación de altos funcionarios del Estado en los últimos diez años se estima en más de 67 mil millones de dólares de acuerdo a los estudios de corrupción realizados por Transparencia Venezuela.

La violencia en Ecuador

La violencia desatada en Ecuador por bandas armadas ligadas al crimen organizado tienen su origen en las políticas profundizadas por los gobiernos de Lenín Moreno y su sucesor, Guillermo Lasso, quienes llevaron adelante un proceso de cambios para institucionalizar el país y llevarlo de regreso a la democracia, luego de diez años de gobierno de Rafael Correa durante los cuales se fortalecieron las bandas armadas y el narcotráfico.

Uno de los hechos que marcó la acción violenta contra las políticas que comenzaban a cercar a las bandas delictivas ecuatorianas fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, del Movimiento Construye, por uno de los principales grupos armados. Fue asesinado a pocos días de las elecciones por ser uno de los que más respaldó las luchas contra las bandas armadas, consecuente denunciante de los presuntos vínculos del crimen organizado con el correísmo y los factores gubernamentales.

Otro asesinato reciente ocurrido el pasado 17 de enero fue el del fiscal César Suárez, quien investigaba el asalto en vivo al canal TC Televisión de Ecuador por encapuchados; además manejaba varios casos de alto perfil de antinarcóticos, terrorismo y delincuencia organizada. Recibió 18 tiros en el interior del vehículo en el que viajaba en Guayaquil. Era el encargado de la Unidad Especializada en contra de la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, Guayaquil.

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, expresó que con este asesinato se está enviando un mensaje al sistema judicial que está haciendo su trabajo; por lo que hizo un llamado a las fuerzas del orden para que garanticen la seguridad de quienes cumplen sus funciones.

El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que los “acuerdos de paz” a los cuales llegó el ex presidente Rafael Correa con las bandas violentas son la causa del estallido de violencia.

Paola Bautista de Alemán, politóloga y periodista, consultada sobre la situación ecuatoriana, señaló que a “a Lasso le fue imposible gobernar cuando intentó ponerle límites al crimen organizado y al narcotráfico”, que durante el correísmo penetraron los espacios del Estado ecuatoriano.

En su opinión ese enfrentamiento con el crimen organizado le costó la estabilidad al gobierno de Lasso y por ello tuvo que convocar a elecciones adelantadas. Villavicencio, el político asesinado, era un candidato opositor enfrentado al correísmo y se pronunciaba con firmeza en contra de la delincuencia y el narcotráfico.

Para Paola de Alemán “en algún momento cuando logremos reconquistar la democracia en Venezuela, por una vía electoral, tal como ocurrió en Ecuador, tenemos que reflexionar en cómo vamos a gestionar la restitución de las capacidades estatales, sobre todo, las relacionadas con el control de la violencia y territorial, cuando las instituciones y la Fuerza Armada Nacional tienen relaciones abiertas con el narcotráfico y con el crimen organizado”.

En peligro la gobernabilidad

Transparencia Venezuela advierte que las economías ilícitas que se generan desde el crimen organizado afectan la institucionalidad y provocan grandes distorsiones en la sociedad.

Una de las más importantes que señalan son la corrupción de los funcionarios públicos, la tolerancia y las arbitrariedades por parte de las autoridades militares y organismos de seguridad ante la presencia de grupos irregulares; la débil política en las fronteras por parte de Venezuela y la falta de credibilidad y confianza en las autoridades e instituciones públicas. Esto último significa un peligro para la gobernabilidad y sostenibilidad del sistema democrático.

Asimismo la existencia de redes criminales provocan el crecimiento de la economía informal, la evasión fiscal, el contrabando de bienes, la erosión del tejido formal de la economía, el crecimiento de modelos de negocios ilegítimos y el lavado de dinero.

Ello genera una mayor descomposición en la sociedad y pérdida de valores; degradación de las condiciones de vida; incorporación de grupos socialmente vulnerables a actividades delictivas, incluyendo a indígenas; crecimiento de poblaciones pobres, esclavitud laboral y auge de la prostitución; sometimiento social; desplazamiento de familias; alto índice de consumo de drogas; apología de figuras de las redes criminales y la ocupación de territorios por grupos armados.

Los efectos de lo que estamos viendo en el país, advierte la ONG Transparencia Venezuela, es que la acción de los grupos armados irregulares y los delitos que cometen producen cambios en los modos de vida y costumbres de las comunidades donde actúan, las personas se adecúan a las reglas de juego establecidas por las organizaciones criminales: cambian sus rutinas, caminos, horarios, y hasta la manera de hablar, tal como está ocurriendo en las comunidades en donde bandas como el ELN están imponiendo sus propias leyes y controles a los ciudadanos.

Se profundiza el control social

Las últimas acciones emprendidas por el gobierno de Maduro apuntan hacia un modelo de mayores controles sobre la población y dependencia del Estado. En el mensaje anual a la nación no se obvia la existencia de los grupos armados y el avance de esas organizaciones.

La llamada “seguridad interna para preservar la paz” se orienta a reprimir a los sectores laborales que protestan por reivindicaciones legítimas, se les acusa de conspiración y se les abren procesos judiciales.

La reciente orden de Nicolás Maduro de activar el Plan Furia Bolivariana, solicitando al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y a los comandantes de las Fuerzas Armadas que lleven a cabo esta acción, es la ratificación de llevar adelante un plan cívico, militar y policial para enfrentar el crecimiento de las protestas de los gremios y sindicatos laborales afectados por la severa crisis económica que sufre el país, la alta inflación y el derrumbe de los salarios. Todo ello camuflado por la propaganda gubernamental como acciones terroristas, intento de magnicidio y conspiraciones.

Mientras tanto las bandas organizadas del crimen continúan su ascenso en el país generando grandes ingresos y la expansión de la llamada “economía negra” y los negocios ilegales.

https://transparenciave.org/economias-ilicitas/home-economias-ilicitas-2023/

https://armando.info/hasta-los-curas-dicen-amen-a-los-mandamientos-del-eln-en-tachira-y-apure/ (Requiere VPN desde Venezuela)