El oscuro aliado del chavismo que será el más difícil de desmontar

Francisco Olivares

En este nuevo proceso político que vive Venezuela, que interinamente encabezan Delcy y Jorge Rodríguez con tutelaje de Estados Unidos, uno de los aspectos más complejos para una futura transición hacia la institucionalidad democrática es el desmantelamiento de las mafias y el crimen organizado que se ha insertado como parte de la estructura del poder.

Cuando se habla de reconstrucción por el terremoto sufrido por el país, las estrategias se concentran en la recuperación de una infraestructura que dejó sin viviendas a cerca de 15 mil familias, los daños económicos y psicológicos y una cifra de fallecidos y desaparecidos todavía incalculable que algunas estimaciones aseguran que sobrepasan las 10 mil personas.

Pero al lado de esa tragedia existe un daño al desastre natural con el que se ha convivido durante 27 años y que no será fácil de superar. Son las bandas y el crimen organizado que se han insertado como parte de la vida cotidiana del venezolano. Están en las instituciones, en los cuerpos de seguridad, en la economía y en cualquier espacio donde habita el ciudadano.

El crimen organizado y las bandas delictivas tienen muchas ramificaciones y formas de operar con numerosas cabezas: sus vínculos no solo están con factores del poder, manejan la economía ilegal; están en la política, en sectores militares, policiales y factores del poder internacional. Eso incluye vínculos con el narcotráfico, tráfico de minerales, trata de personas, extorsión y objetivos geopolíticos.

Los investigadores Luis Izquiel y Fermín Mármol García, especialistas en Ciencias Penales, en su libro: “Revolución de la Muerte” identifican 8 bloques del crimen organizado que operan en Venezuela, algunos de los cuales controlan territorios y hasta han creado una especie de “micro estados” en al país. Entre estos bloques se destacan las llamadas megabandas que son pandillas sin ideología, controlan territorios, poseen armas de alto poder y una estructura de mando muy bien definida. Se estima que existen más de 20 organizaciones de este tipo. La más conocida ha sido “El Tren de Aragua” cuyas actividades delictivas trascendieron el territorio de origen y se extendieron por varios países de la región incluyendo Estados Unidos. Hay otras estructuradas con la ideología como los llamados colectivos armados, los pranes y sus organizaciones carcelarias; los “seudosindicatos” que viven de la extorsión; Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las BACRIM (Bandas Criminales); estas tres últimas de origen colombiano. Ese espectro de organizaciones está unido a un amplio mecanismo de extorsión que alcanza al ciudadano común.

En 27 años de chavismo en el poder estas organizaciones se fortalecieron, en algunos casos ligados a estrategias de poder con países que fueron aliados como Rusia, Irán, China y Cuba. De manera que desmontar esas fuertes estructuras y vínculos no sería una tarea solo de un gobierno interino, de la actual mesa de diálogo o un futuro gobierno electo con el voto universal. Venezuela se convirtió en un centro clave para operar fuera de los parámetros institucionales y ha servido como espacio para operaciones ilegales en función de intereses de grandes potencias y corrientes político-religiosas que se disputan la supremacía territorial, económica y militar en el mundo actual.

Lo busca Trump en Venezuela

La política impuesta por el presidente Donald Trump hacia Venezuela que se hizo con la intervención directa a partir de la extracción de Nicolás Maduro desde el 3 de enero, tiene una gran variedad de motivos más allá de elementos visibles como el tema petrolero, el narcotráfico o la rivalidad con Rusia y China. Todos esos intereses están contenidos en las necesidades geopolíticas de EE.UU. como primera potencia occidental.

Sus acciones sobre Venezuela están orientadas a desmontar o contrarrestar toda la estrategia que las potencias rivales desarrollaron desde Venezuela con el chavismo en una alianza política, ideológica y económica con los países señalados y organizaciones afines que operan internacionalmente.

Un ejemplo de estas organizaciones oscuras que se insertaron en Venezuela ha sido Hezbolá, si bien sus operaciones no han sido muy visibles, su actividad ubicó a Venezuela como un territorio clave en los conflictos geopolíticos armados que se intensifican cada día y amenazan a la humanidad.

El Partido de Dios

Hezbolá tiene al menos cuatro décadas operando en Latinoamérica desde varios países y ha construido una red de relaciones que encontraron en los 27 años del chavismo un importante aliado.

Es de recordar que Hezbolá, que significa “Partido de Dios”, es una organización política y militar creada en 1980 en el sur del Líbano, financiada por Irán a partir de la llamada Revolución Islámica iraní, en 1979, que lideró el ayatolá Ruhollah Jomeini, enfrentada a Israel en esos territorios, en el contexto de la guerra civil en el Líbano. Un conflicto que sigue vigente desde las regiones del sur del Líbano controladas por Hezbolá contra Israel.

En Hezbolá se congregaron los grupos radicales chiitas de la región, para enfrentar a Israel cuyas fuerzas entraron al sur del Líbano en la guerra contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que operaban desde el sur del Líbano.

Irán fortaleció a Hezbolá no sólo con recursos económicos sino con el apoyo de la Guardia Revolucionaria Islámica de los ayatolá con armamentos, entrenamiento de las tropas, convirtiendo esa región en un importante centro de operaciones contra Israel, EE.UU. y otros enemigos occidentales

En 1985, una vez consolidada como una organización político-militar, emitieron un manifiesto de lealtad al ayatolá Ruhollah Jomeini, de Irán, una declaración de guerra contra Israel y Occidente y el objetivo de crear un Estado Islámico en El Líbano.

Hezbolá en Venezuela

Hezbolá es el más importante brazo armado de Irán fuera de su territorio y tiene una presencia fundamental en Latinoamérica. Esta organización ha sido uno de los aliados más importantes del chavismo. Primero, en el proyecto político que impuso Hugo Chávez y luego, en el que continuó Nicolás Maduro. Hezbolá fue un factor fundamental en el fortalecimiento de esas alianzas internacionales y operador en múltiples misiones programadas desde Venezuela.

Desde los primeros tiempos en el poder, Hugo Chávez se convirtió en un gran aliado de Irán. En 2005 Chávez condecoró con la Orden del Libertador a Mohammad Jatamí, presidente de Irán hasta ese año; lo llamó “un incansable luchador por las causas justas del mundo”. Se alió y apoyó los proyectos militaristas del régimen islámico, en especial el programa nuclear, expresando que tenía una opinión favorable acerca de la producción de energía nuclear promovido por el sucesor de Jatamí, Mahmud Ahmadineyad (2005 a 2013) quien exhortó a “borrar a Israel del mapa” y se convertiría en otro gran aliado de Chávez.

El fallecido líder de la revolución en Venezuela sostenía en su primer encuentro con el líder iraní que: Venezuela estará junto a Irán “en cualquier momento y bajo cualquier condición”. Agregando que “estamos con usted, con Irán, para siempre. Mientras que nos mantengamos unidos seremos capaces de vencer al imperialismo” (EE.UU). Ahmadineyad le correspondía señalando que: “siento que he encontrado un hermano, un compañero de trinchera luego de haberme encontrado a Chávez” (29 de julio de 2006).

Hezbolá en Latinoamérica

Hezbolá tiene una presencia significativa en América Latina, aunque sus operaciones no son militares. Su principal actividad es de carácter logístico y redes de inteligencia para apoyar sus operaciones políticas y militares en el Medio Oriente. Han logrado establecer redes a gran escala en varios países del continente, están involucrados en operaciones financieras legales e ilegales, entre ellas el lavado de dinero.

Su presencia se ubica desde los años 80 cuando un contingente de activistas se establecieron en la llamada triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil desde donde desarrollaron una red importante de empresas que incursionaron en el comercio legal al mismo tiempo que desarrollaron sus redes ilegales para el lavado de dinero y el financiamiento de la organización.

De allí extendieron sus operaciones en Colombia, México, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guyana y Venezuela. Esos vínculos lograron mayor importancia con los gobiernos de izquierda de Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Hugo Chávez en Venezuela.

La fuerza militar de Hezbolá está concentrada en Medio Oriente y opera en cuatro países, pero su redes de operaciones financiaras se estima que se encuentran en al menos 40 países. Además del Medio Oriente y Latinoamérica tienen presencia en Estados Unidos, Europa, África y Asia.

El factor El Aissami

El ex líder del chavismo, hoy execrado y procesado por su propia Revolución, Tareck El Aissami, quien fue jefe de la Misión Identidad en 2003; diputado; ministro para Relaciones Interiores; gobernador del estado Aragua, vicepresidente de la República y ministro para Industrias y Producción, ministro de Petróleo; además de vicepresidente sectorial para el área económica, fue un factor clave en las relaciones con Irán y con Hezbolá.

Durante su paso por la Oficina de Identificación en la Misión Identidad se encargó de otorgar cédulas de identidad, visas y nacionalizar activistas de grupos irregulares de distintas nacionalidades, sirios, libaneses, jordanos, iraníes e iraquíes. Investigaciones en varios países pusieron en evidencia cómo desde Venezuela se les asignó nueva identidad a activistas de grupos armados del Medio Oriente, de Irán, Líbano, Siria, Irak, especialmente de Hezbolá.

Entre esas investigaciones destacó la realizada por el Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés), difundida por el portal Armando.Info. Se trata de un organismo para el estudio de temas de seguridad y defensa con sede en Washington, quienes realizaron una investigación cuyos resultados publicaron en el informe “Canadá en guardia” en el cual se evaluó la amenaza de Irán, Venezuela y Cuba a la seguridad inmigratoria. Los autores, Victoria Henderson, Fernando Menéndez y Joseph Humire, señalaron en el informe que las autoridades venezolanas emitieron, entre 2008 y 2012, al menos 173 pasaportes, visas y otros documentos a islamistas radicales que buscaban entrar sin despertar sospechas a América del Norte.

En otras investigaciones detectaron la entrega de documentos venezolanos a personalidades conocidas internacionalmente como Abdul Ghani Suleiman Waked, mano derecha de Hassan Nasrallah, líder de la organización islámica chiita Hezbolá, quien fue nacionalizado venezolano a instancias del propio El Aissami.

El Aissami igualmente se le vinculó a Omar Salha con la Importadora Silvania, C.A., con base en Valencia, estado Carabobo, perteneciente a Alí Houssein Harb, la cual el Departamento del Tesoro de los EE.UU. incluyó en la lista de la denominada “Red de Juma”; organización sofisticada de blanqueo y desvío de capitales hacia El Líbano para el financiamiento de actividades de Hezbolá.

A mediados de 2008 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. incluyó en su lista de terrorismo al libanés Ghazi Nasr Al Din. Según los investigadores, utilizó su posición como diplomático venezolano y presidente del Centro Islámico Shi'a con sede en Caracas para brindar apoyo financiero a Hezbolá. Nasr Al Din sirvió como encargado de Negocios en la Embajada de Venezuela en Damasco, en Siri, y posteriormente fue nombrado director de Aspectos Políticos en la Embajada de Venezuela en El Líbano. “Es extremadamente inquietante ver al gobierno de Venezuela emplear y proporcionar amparo a un facilitador y donante de Hezbolá”, señaló en aquel entonces Adam J. Szubin, director de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dell Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Según el informe, Nasr al Din facilitó el viaje de los miembros de esa organización hacia y desde Venezuela, de representantes de Hezbolá, del Parlamento libanés a Caracas para solicitar donaciones y anunciar la apertura de un centro comunitario y una oficina patrocinados por dicha organización en Venezuela. En enero de 2015 ingresó en la lista de personas buscadas por el FBI, sospechoso de actuar como recaudador de fondos para el grupo libanés Hezbolá.

Fisuras en la alianza

Los nuevos acuerdos de cooperación entre el gobierno de Trump y el gobierno interino de Venezuela ya han comenzado a generar diferencias visibles con los países aliados del chavismo. El pasado martes 28 de julio, la cancillería venezolana convocó al Embajador de Irán a quien entregó una nota de protesta por “expresiones despectivas e impropias contra las instituciones y autoridades del país”. Por su parte las autoridades de Irán, respondieron que las declaraciones de su canciller referidas a las políticas de EE.UU. hacia Venezuela y que sugerían que: “Esto no es Venezuela”, aludiendo a la convivencia que se ha establecido con EE.UU., intentaron explicar que sus declaraciones fueron mal interpretadas y ratificaron en un comunicado el respeto a la soberanía venezolana.

Ambos países intentaron calmar las aguas, pero los hechos apuntan a fuertes diferencias frente a lo que está ocurriendo con sus tradicionales aliados y el viraje del interinato de Delcy Rodríguez con EE.UU. Esta diferencia que se hizo pública muestra que la grieta puede profundizarse. Desmontar esas alianzas, los compromisos contraídos y la dimensión de 27 años de acuerdos y programas geopolíticos, es una tarea que no necesariamente está en los proyectos de los nuevos jefes del gobierno chavista, pero los acuerdos y acciones aplicadas desde el pasado 3 de enero, están abriendo una brecha, no solo frente a Irán sino con el resto de sus tradicionales aliados.