Autocracias aplauden suspensión de ayuda a medios de comunicación con cierre de la USAID

Francisco Olivares

Desde el 20 de enero con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos cada medida que toma el nuevo mandatario no deja de conmocionar a Latinoamérica y al mundo. Gran parte de ellas han chocado frontalmente con las expectativas en torno al personaje del año 2024 de la revista “Time” y ante la sorpresa de por qué los autócratas celebran.

Vladimir Putin se frota las manos ante la expectativa de quedarse con una parte del territorio ucraniano; los migrantes que huyeron de dictaduras y de gobiernos corruptos no logran entender que está pasando y que puedan terminar en la base militar de EE.UU. en Guantánamo o en un vuelo de retorno a los países que abandonaron.

Desde los países con autocracias como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Bolivia los editores de medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos e instituciones educativas que apoyan programas sociales están en emergencia estudiando la manera de sobrevivir tras la suspensión de los recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Gran parte de ellos ahora son más vulnerables a la presión y la persecución desde los gobiernos.

A esa medida se agregó el anuncio del 4 de febrero del retiro de EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que incluyó la suspensión de fondos para las causas humanitarias; así como el anuncio del proceso de retirada tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como del Acuerdo de París con impacto en esas áreas.

Medios oficiales en campaña

En Venezuela los medios de comunicación del gobierno de Nicolás Maduro y sus medios privados aliados son quienes más han destacado y aplaudido la medida de Trump de suspender las ayudas financieras a medios independientes y agencias que se dedican a la promoción de la libertad de información y formación de periodistas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el “plan de la ultraderecha era desaparecer la República y robarse el dinero de la USAID de 1600 millones de dólares”. Por su parte, los medios oficiales y aliados hablaron de la financiación a 12 mil periodistas en el mundo y Venezuela.

Medios oficiales y medios de la alianza oficial de inmediato difundieron una presunta lista de portales independientes y periodistas venezolanos quienes habrían recibido millonarias sumas de dinero de la USAID. Entre los medios que se unieron a la campaña del gobierno destacan Venezuela News, El Universal, Telesur, Globovisión y Pedro Carvajalino.

La noticia citaba como fuente un documento filtrado por Wikileaks. La información fue investigada por Cazadores de Fake News, portal especializado en determinar la difusión de noticias falsas, quienes determinaron que no existe ningún documento, relacionado con lo que hasta ahora se ha publicado sobre las donaciones de la USAID, en el que que se mencionen medios o periodistas venezolanos.

Periodistas desde el exilio

En Venezuela y Nicaragua, al igual que pasa en Cuba desde hace más de 60 años, los medios independientes son acusados de conspirar y se les vincula a planes terroristas y campañas desestabilizadoras. Gran cantidad de pequeños medios surgieron en Venezuela a partir de la llegada del chavismo al poder y la puesta en marcha de la política de control que llamaron “la hegemonía comunicacional”.

Las primeras medidas se dirigieron contra los grandes medios que intentaron mantener su independencia como Radio Caracas Televisión, a la que le suspendieron la concesión y cerró sus puertas dejando a más de mil empleados en la calle. Los dueños de otros medios televisivos e impresos terminaron por venderlos a empresarios pertenecientes al entorno gubernamental y otros se adaptaron al nuevo poder bajando el tono informativo.

La mayoría de las emisoras de radio del país han sido clausuradas por el gobierno. Según los datos de la ONG Espacio Público hasta 2023 han cerrado 285 emisoras radiales; solo en 2022 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) revocó las concesiones de 95.

Estas medidas han obligado a los periodistas y editores a migrar a las redes sociales y en una gran proporción a operar desde otros países. Se calcula que más de 1300 reporteros y comunicadores han emigrado desde 2012 hasta 2018, con tendencia al alza.

Gran parte de medios y portales logran mantenerse con limitadas donaciones de particulares, suscripciones, publicidad o aportes desde instituciones internacionales como USAID e instituciones europeas y latinoamericanas.

En Nicaragua y Venezuela se establecieron leyes que prohíben recibir financiamiento internacional y eso incluye a medios informativos, organizaciones de derechos humanos, educativas, salud, partidos políticos y organizaciones civiles de diferentes propósitos. En la nueva reforma constitucional que se propone aplicar Nicolás Maduro se establecerán normas con nuevas leyes que estrecharán más los espacios a las ONG y medios de comunicación como la “Ley contra el Fascismo” y la Ley de Cooperación Internacional en el contexto de implantar en Venezuela un “Estado Comunal”.

Un medio de comunicación que opera en Venezuela o en Nicaragua difícilmente puede recibir publicidad de una empresa, banco o grupo financiero si ese medio publica temas políticos o denuncias que afecten los intereses del gobierno. Ese empresario anunciante puede ser víctima de cierre, expropiación o ser obligado a vender su propiedad.

Es factible que algunos portales venezolanos hayan establecido convenios con USAID para financiar sus proyectos editoriales, lo cual no debe ser calificado como delito o acto conspirativo. Pero es evidente que en países con sistemas autocráticos esas subvenciones no pueden hacerse públicas por las retaliaciones ni en el futuro si la nueva administración de USAID las reactivara.

Los portales con más actividad están trabajando desde el exterior e incluye a editores y algunos periodistas. En trabajos con contenido crítico al gobierno los reporteros que viven en Venezuela se ven obligados a no firmar y dejar al medio la responsabilidad del contenido editorial.

Los portales venezolanos han evitado pronunciarse sobre sus casos particulares dado que cualquier pronunciamiento puede acelerar la persecución, con acusaciones de estar incursos en planes de “acabar con el gobierno”.

El portal “Efecto Cocuyo”, que preside la periodista Luz Mely Reyes, publicó un comunicado en el que señalan que: “Los recientes ataques contra nosotras y otras organizaciones de periodistas, a través de campañas de descréditos, difamación, manipulación, tergiversación, amedrentamiento y hostigamiento por altos funcionarios del gobierno venezolano, reafirman un patrón de persecución y criminalización contra el trabajo periodístico identificado con la defensa de los derechos humanos”.

Consultado Joseph Poliszuk, editor del portal de investigación Armando.info, medio que ha revelado graves hechos de corrupción, señaló que nunca han recibido fondos de la USAID pero aclaró que eso “no justifica ninguna criminalización a organizaciones que rindieron cuentas por trabajos e hicieron importantes aportes”.

Poliszuk, socio editor de Armando.info, y algunos de sus principales periodistas se encuentran desde hace varios años trabajando desde el exilio por las amenazas y procesos judiciales abiertos en Venezuela. Indicó que esa medida va a afectar directa e indirectamente a muchos periodistas y medios en todo el mundo porque el periodismo no ha encontrado un modelo de negocios sustentable, ni el New York Times.

“A pesar de eso el periodismo independiente es necesario y no hay que criminalizarlo, veo que en el chavismo y sus altavoces están pescando en río revuelto y aprovechando este momento para criminalizar a quienes queremos seguir haciendo periodismo independiente” alertó Poliszuk .

Periodismo sin recursos

El efecto contra el periodismo independiente se ha extendido por toda Latinoamérica. Varios medios y cadenas reconocidas de varios países ya se han pronunciado sobre los devastadores efectos de esas medidas.

Factual, ONG dedicada a fortalecer redes y capacidades de periodistas latinoamericanos, en un comunicado expresó que “esas medidas afectarán al ecosistema de medios digitales en su conjunto y alertan que la suspensión de toda la ayuda de Estados Unidos al exterior, afecta “miles de programas globales, como proyectos para combatir el VIH, hambre, desminado de zonas de guerra y apoyar la libertad de expresión”. Señala el comunicado que “la medida pone en peligro la existencia misma de nuestra organización”.

Jordy Meléndez Yúdico, director de Distintas Latitudes y Factual, en declaraciones a El Universal de México, informó que se han identificado 60 medios y organizaciones de América Latina afectados por el recorte de recursos de USAID. Señaló que la medida pone en riesgo la existencia de proyectos como el de la Red Latam que atiende a 450 periodistas en 22 países de la región.

La agencia USAID creada durante el Gobierno de John F. Kennedy en 1961 ha destinado millones de dólares en recursos para programas destinados a impulsar proyectos enfocados en promover la democracia, derechos humanos, temas de salud y desnutrición o emprendimientos relacionados a esos temas. Analistas han señalado que su cierre ha significado un duro golpe en todo el mundo y en particular a la prensa independiente de Latinoamérica.

Algunas voces han sostenido que es factible que haya existido desvío de recursos, ilegal uso de dinero por parte de funcionarios u organizaciones que pudieron actuar fuera de las normas lo cual amerita una investigación; sin embargo los efectos de una medida extrema de cierre tendrán graves consecuencias, especialmente en países en donde se violan los derechos humanos.

De allí la paradoja que esa medida, junto a otras no muy bien comprendidas, haya salido justamente de la firma del Presidente que comanda el país que se ha erigido como símbolo y defensor de la democracia y las libertades en el mundo y con el que millones de víctimas suelen soñar para recobrar sus esperanzas de un mejor futuro.