Venezuela es uno de los países con mayor circulación de dinero ilegal y corrupción

El reciente escándalo de corrupción que involucra especialmente a la estatal petrolera venezolana (PDVSA) es apenas una de las áreas desde donde se genera dinero en la economía ilegal. Aunque las autoridades venezolanas no han revelado el monto del desfalco, de la acción anticorrupción emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra un sector de altos funcionarios y “empresarios” vinculados a los negocios ilegales, según las estimaciones de voceros del sector oficial es que podría estar en aproximadamente 23 mil millones de dólares.

El pasado 29 de marzo, el presidente Nicolás Maduro, informó que las autoridades incautaron parte de las riquezas “malhabidas” por ex funcionarios y “empresarios” capturados por su vinculación a los casos de corrupción, quienes se han acogido a la figura de la delación para identificar a sus socios en los delitos contra el tesoro nacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en recientes informes que el lado oscuro de la economía mundial asciende a 7 billones de dólares y equivale entre 8 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Latinoamérica junto a gran parte de los países africanos y Rusia lideran la generación de dineros ilegales con cifras cercanas a 25% del PIB. Toda esa riqueza encuentra refugio en centros financieros que cuentan con gobiernos y sistemas jurídicos con mecanismos cifrados que protegen los capitales de origen ilegal.

Un informe del Foro Económico Mundial (FEM) del año 2015 sobre el conjunto de transacciones monetarias no declaradas de forma correspondiente a las autoridades fiscales o monetarias competentes a nivel global señala que las principales actividades ilícitas se ubican entre 8% y 15% del PIB mundial. Entre los negocios ilegales más lucrativos destacan en primer lugar el tráfico de drogas que genera 750 mil millones de dólares al año; las falsificaciones de productos, 650 mil millones y las actividades ilegales, como el tráfico de oro y minerales, entre 20 mil y 40 mil millones. Otras actividades criminales como el tráfico de personas, petróleo, comercio de órganos humanos y armas también forman parte de ese gran mercado negro.

Estos dineros ilegales encuentran en la complicidad de funcionarios, gobiernos corruptos y expertos en finanzas mecanismos fuera de la economía formal para ser ocultados, movilizados o invertidos. En algunos casos parte del dinero de la corrupción termina registrado de vuelta como parte del PBI de los países, por lo que muchas economías se sostienen con el mercado negro.

Latinoamérica y el dinero sucio

Latinoamérica es la región del mundo con los mayores montos de dinero ilegal depositados en la banca en los llamados paraísos fiscales. Se estima que 1,5 billones de dólares pertenecientes a ciudadanos latinoamericanos se encuentran depositados en bancos ubicados en esos paraísos fiscales. Según el Reporte Global de Riqueza (2017), difundido por la firma Boston Consulting Group (BCG) y publicado por el diario El País de España, esta cifra equivale a 28% de la riqueza de la región. Los paraísos fiscales más utilizados están ubicados en las Islas Vírgenes, Bermudas y Caimán. En Europa destacan Holanda, Suiza, Luxemburgo, Bailía de Jersey, Singapur y Hong Kong. Además del dinero ilícito, grandes fortunas y ganancias lícitas de corporaciones se ocultan en estos paraísos para evadir impuestos generando grandes pérdidas a los Estados.

En Latinoamérica, gran parte de esos dineros, además del narcotráfico, provienen de la corrupción en complicidad con altos jerarcas de los gobiernos, como ha sido en Venezuela, Brasil, Colombia, México, Bolivia, Argentina y Nicaragua, solo por mencionar los países que se han visto envueltos en escándalos en los que se han visto involucrados hasta jefes de gobiernos. Pero estos paraísos fiscales no son solo utilizados por las organizaciones criminales, ya que allí también acuden para ocultar grandes fortunas, importantes empresas y figuras con poder económico.

Economía ilegal y subterránea

En cuanto a la economía ilegal, la ONG Transparencia Venezuela, con el apoyo de otras organizaciones especializadas y grupos de expertos, durante más de 10 meses, analizó las principales economías ilícitas en Venezuela hasta 2022. En su informe y con cálculos de la firma Ecoanalítica, estiman que los ilícitos se concentran en cuatro principales actividades ilegales que generan 9.444 millones de dólares anualmente; 21,74 % del PIB de Venezuela de 2021, de las cuales el narcotráfico es la que genera mayor volumen de ganancias, con 11,9%.

Es importante diferenciar la economía ilegal que es de naturaleza ilícita y está vinculada al crimen organizado de la economía informal que agrupa toda actividad económica fuera de las regulaciones del Estado.

Como lo define la ONG Transparencia Venezuela, “economía negra” es todo el flujo de actividades ilícitas como el narcotráfico, venta ilícita de combustible, contrabando de oro, así como los ilícitos en el manejo de los puertos, que fueron analizados en ese estudio. Al mismo tiempo ambas actividades, tanto la informal como la ilegal facilitan la acumulación de dinero “sumergido”, parte del cual posteriormente debe entrar al sistema monetario mediante mecanismos informales e ilegales y que de hecho representan uno de los principales problemas en todo el mundo respecto a la cuantificación del principal indicador de actividad económica, el PIB.

La economía informal es una actividad económica lícita, pero escapa del control fiscal. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2022 de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) registró un importante incremento del sector informal en Venezuela entre 2014 y 2021 ubicándolo en 84,5% y una reducción del empleo formal de 21,8% equivalentes a la pérdida de 4 millones de puestos de trabajo. El panorama laboral se agrava ya que según el mismo estudio, 50% de la población laboral disponible se encuentra inactiva. La tendencia hacia el trabajo por cuenta propia ha seguido en aumento en el último año.

El dinero de la corrupción

Desde que se instaló el gobierno de Hugo Chávez en 1999 se inició un proceso de control institucional que impidió el contrapeso independiente de los organismos públicos. En los primeros 13 años se produjo un sustancial aumento de los precios del petróleo que alcanzó a 525% según los cálculos de la consultora Ecoanalítica.

El estudio realizado por Transparencia Venezuela sobre la economía ilícita y la corrupción indica: “Este comportamiento permitió el incremento desmesurado del gasto público, con el objetivo de mantener apoyos políticos y crear un sentido de lealtad entre la población y el gobierno. En medio del boom petrolero, muchos funcionarios de diferentes entes públicos aprovecharon para burlar leyes nacionales e internacionales y cometer innumerables actos de corrupción que provocaron un desfalco sin precedentes en Venezuela y condujeron a la emergencia humanitaria compleja en la que cayó el país”. Según las estimaciones que hace la ONG, tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana que involucran más de US$ 64.000 millones.

La investigación señala que ante la asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la crisis económica, la desaparición del subsidio cambiario, la falta de inversión y las sanciones internacionales, la red corrupta enquistada en entes del Estado optó por ampliar su participación en un conjunto de actividades económicas ilegales que se desarrollaron a lo largo y ancho del territorio nacional, que le sirvieron a los involucrados para seguir lucrándose. De allí la interdependencia entre el crimen organizado y el sistema político y económico actual.

De acuerdo con cálculos realizados para este informe, sólo entre cuatro áreas estudiadas de dinero ilícito, anualmente la red de corrupción es capaz de generar con el tráfico de drogas US$ 4.919M o 11,3% del PIB. Le siguen el contrabando de combustible con US$ 1,900M (4,4% del PIB), el tráfico de oro con US$ 1.800M (4,1%) y la extorsión en puertos con US$ 825M (1,9%). Este apartado también incluye una revisión a las elevadas probabilidades de extorsión que existen en las alcabalas venezolanas, que constituyen otra oportunidad para captar rentas de manera ilegal y provoca graves impactos en la población. Es de resaltar que la ausencia de instituciones independientes como en el caso venezolano, facilita y promueve la corrupción, desde los altos cargos en organismos hasta los estratos más bajos de la pirámide gubernamental. La gran cantidad de regulaciones y trámites exigidos para cualquier operación, genera mecanismos paralelos a los que los ciudadanos se ven obligados a acudir para solucionar y “legalizar” esos trámites por la vía de gestores o por debajo de la mesa.

Venezuela: el país de tránsito

Aunque las cifras de incautaciones no son transparentes, organismos internacionales consideran a Venezuela como uno de los principales países de tránsito de la droga, especialmente cocaína, que se produce en el continente sur, especialmente de Colombia.

En complicidad con aliados locales, gran parte de las grandes organizaciones armadas y de narcotráfico, extendieron sus actividades hacia Venezuela y algunas de ellas se instalaron en los últimos años en el país, controlando gran parte de la red de narcotráfico en la zona sur del país, especialmente en los estados Amazonas, Bolívar, Táchira, Zulia y el oriente. Entre estas destacan las llamadas FARC disidente, FARC Nueva Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ha extendido sus actividades al contrabando del oro y otros minerales y el Cartel del Golfo cuya principal actividad se desarrolla en el Pacífico colombiano y la zona oeste de Venezuela incluyendo el estado Zulia.

Los reportes oficiales de la Superintendencia Nacional Antidrogas, de Venezuela señalan que entre 40 y 50 toneladas de droga se han incautado en los dos últimos dos años, lo que indica el alto volumen de narcóticos que circulan por el país, si se considera que, según especializados en el tema, normalmente las incautaciones alcanzan solo cerca de 10% de lo que circula. A ello hay que agregar las incautaciones fuera del país, que pasan por Venezuela, no se incluyen en las estadísticas oficiales.

Desde Colombia reportan que las FARC en pueblos del norte del Cauca han tomado control en la zona luego del retiro del Ejército como consecuencia de las políticas aplicadas por los acuerdos del gobierno de Gustavo Petro y la política de paz con los grupos armados.

Un reporte de la corresponsal en Colombia, Salud Hernández Mora, del diario El Mundo de España, muestra el avance de estas organizaciones armadas y señala: “ganaron la batalla. Son los que mandan, es la verdad. ¿Qué puede hacer la Policía? Le han retirado el Ejército, y denuncia que tienen reclutamiento de menores en la región”.

Este control se ha extendido en las poblaciones de Corintos, Caloto, Toribio y Suárez y persiste el enfrentamiento armado entre las dos FARC: Las FARC disidente, que lideraba Gentil Duarte, quien falleció en mayo de 2022 en el estado Zulia, desde donde operaba y quedó al frente de la organización, Iván Mordisco y el sector llamado Nueva Marquetalia encabezados por Iván Márquez, Jesús Santrich y Hernán Darío Velázquez, alias ‘El Paisa’, el grupo más cercano al gobierno chavista. Alguno de sus líderes operan desde Venezuela. Estos enfrentamientos se producen por dominio de las rutas de la droga que se extienden a Venezuela. Sus actividades además se vinculan con el cobro de vacunas, toma de tierras y extorsión a los productores.

Los millones del narcotráfico

De acuerdo a un estudio de la organización Global Financial Integrity (GFI) el narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano.

A finales de 2020, Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, presentó un análisis sobre los flujos financieros ilícitos relacionados con los narcóticos entre Estados Unidos y los principales países productores y los de tránsito entre México y Colombia.

La variables analizadas por la firma GFI indicaron que el valor de los flujos financieros ilícitos relacionados con el narcotráfico que afectan a Estados Unidos, se encuentra entre 42.300 y 121.600 millones de dólares anuales.

La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas (ONUDD) asegura que el crimen organizado representa el 1,5% del PIB mundial y genera seis veces más de lo que se gasta en el mundo en ayuda al desarrollo y confirma que el negocio ilegal más rentables es el narcotráfico.

Del conjunto de delitos ilegales se genera "el lavado de dinero” como vía para legalizar el dinero negro. Pero los actos criminales son los principales generadores de la violencia, la corrupción y a su vez son los promotores ocultos de líderes y gobiernos que destruyen las instituciones. Yuri Fedotov, director ejecutivo de ONUDD, opina que el crimen organizado es un problema grave para la estabilidad y el desarrollo de regiones enteras.

Diversificación de la economía ilícita

El conjunto de actividades ilícitas en Venezuela se ha ido ampliando en la medida en que se ha profundizado la crisis económica, la destrucción de las principales industrias del país y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y bandas delictivas.

Otra de las economías negras que ha cobrado relevancia ha sido el tráfico de oro que se genera desde el denominado Arco Minero del Orinoco, un proyecto anunciado por el presidente Hugo Chávez en 2011 y retomado por su sucesor en 2016, que arbitrariamente avaló la minería en 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, en una superficie que representa 12% del territorio nacional, de una zona ecológica protegida, con presencia de más de 190 comunidades indígenas.

Durante la investigación de la ONG Transparencia Venezuela se evidenció que la estatal extractora y procesadora de oro, Minerven, la han puesto en un rol de recolectora del oro producido principalmente en zonas mineras ilegales en las que “opera una estructura delincuencial dedicada a ejercer control en las minas sin que el gobierno oponga mucha resistencia”. Por el contrario, ex funcionarios de Inteligencia e investigadores independientes han confirmado “la anuencia de las autoridades con las bandas criminales porque les reportan ganancias mediante la entrega de sobornos o porcentajes del botín”.

Las investigaciones de Transparencia Venezuela estiman que “entre 70% y 90% del oro que se extrae, sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”. El contrabando de oro ocurre tanto por tierra como por aire y llega a países cercanos como Colombia y lejanos como los Emiratos Árabes Unidos. Solo en 2018 este contrabando representó 2.711 millones de dólares, según la consultora Ecoanalítica.

Entre los grupos delincuenciales que luchan por conseguir el dominio de las minas se encuentran los denominados sindicatos mineros, liderados por “pranes”, un término que se creó en las cárceles venezolanas para referirse a los líderes criminales que las gobiernan. También hay integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), provenientes de Colombia, país fronterizo con Venezuela. El grupo guerrillero apareció brevemente en la zona en 2016 y reapareció en 2018 cuando asesinó a 20 personas al tomar seis minas del municipio Guasipati, estado Bolívar.

Política y crimen

La corrupción en Venezuela tiene un vínculo directo con grupos del crimen organizado en la que confluyen la proveniente del tráfico de drogas y se extiende a una gran diversidad de áreas conexas en las que juegan un rol determinante funcionarios del Estado. En Venezuela se han identificado aproximadamente 10 megabandas que dominan las principales actividades ilegales y 9 bloques del crimen organizado.

Como lo identifica el economista Asdrúbal Oliveros, que formó parte del equipo de investigación, “el crimen organizado en Venezuela se encuentra en ‘fase simbiótica’, una catalogación de Steir y Richards (1997). Es decir, que la interdependencia entre el crimen organizado y el sistema político y económico es tal que las fronteras se vuelven tenues”.

La investigación de la ONG Transparencia Venezuela concluye que, Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado a nivel regional. Esa realidad ha promovido la migración de 7,2 millones de venezolanos y ha profundizado la desigualdad social en el país, “se perpetúa el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población, que no tiene acceso garantizado a los servicios básicos de forma continua y regular”.

Esta reciente acción gubernamental contra un sector otrora vinculado al gobierno ha mostrado la magnitud del poder económico y políticos que manejaban, los vínculos entre ellos y la cadena de empresas vinculadas que han movido inmensas fortunas. Hasta el momento se han detenido en Venezuela por esa acción judicial a 67 personas, fuera de las 166 causas que se procesan en otros países.